La reforma a la Ley de Tránsito, que se encuentra en veto presidencial y que ya fue aprobada en dos instancias por la Asamblea Nacional, podría permitir nuevamente el uso de fotorradares en 41 municipios clasificados como tipo A, pero bajo una regulación diferente. La reforma dejaría fuera a 180 cantones, que representan más del 80 % de los GAD del país. Alexandra Moreano, especialista en tránsito, señaló que uno de los aspectos positivos de estos posibles cambios sería la eliminación de los convenios con aliados estratégicos que reciben un porcentaje de la recaudación de las multas generadas por estos dispositivos, lo que, a su criterio, permitiría evitar posibles negociados. En este caso, las empresas públicas municipales serían las encargadas de asumir el 100 % de la operatividad.

Los expertos en tránsito también señalan que los fotorradares instalados en el país no contarían actualmente con la homologación ni con las certificaciones correspondientes. Según indicaron, su última aprobación habría sido en 2019, situación por la que varios dispositivos se encuentran clausurados, como ocurre en diferentes vías de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Por su parte, la ciudadanía señaló que es necesario que los fotorradares cumplan una función preventiva y no se conviertan en mecanismos de recaudación que afecten la economía de la población. Varios conductores recordaron que esta situación ya se habría presentado años atrás con el uso de estos dispositivos.

Los especialistas mencionaron, además, que la reforma contempla la colocación de señalética a 500 metros antes de los lugares donde se encuentren instalados los fotorradares o fotorrojos. El objetivo sería alertar previamente a los conductores para que puedan reducir la velocidad y evitar cometer infracciones.

No obstante, el control de las vías estatales donde no existan fotorradares estará a cargo de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador, dependiendo de la institución que tenga asignada la competencia en cada tramo.