La concejal de Santo Domingo, Liliana Silva, presentó este lunes 13 de julio una acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, en Quito, en contra de la ordenanza que estableció el incremento de las tarifas de agua potable y alcantarillado en el cantón.

La edil acudió acompañada por un grupo de ciudadanos y señaló que la normativa ha generado un aumento en los valores que pagan los usuarios por estos servicios. Según manifestó, la acción busca que la Corte analice la constitucionalidad de la ordenanza y determine si su aprobación respetó los principios y derechos establecidos en la Constitución y la legislación vigente.

De acuerdo con los promotores de la demanda, la ordenanza fue aprobada el 31 de diciembre de 2025 y entró en vigencia en enero de este año. Además, sostienen que el incremento tarifario no fue socializado previamente con la ciudadanía y que no se consideraron observaciones relacionadas con la situación socioeconómica de las familias.

Durante la jornada, la presidenta de Conagopare Santo Domingo de los Tsáchilas, Lady Cedeño, expresó su respaldo a la acción legal y manifestó que la medida busca reducir el impacto económico que, según indicó, afrontan numerosos hogares de la provincia.

Hasta el momento, se espera el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la admisión a trámite de la acción presentada. Asimismo, permanece pendiente la postura oficial del Municipio de Santo Domingo frente a este nuevo recurso legal.