El déficit de jueces continúa afectando el funcionamiento del Complejo Judicial de Santo Domingo de los Tsáchilas, donde la falta de personal ha incrementado la carga procesal y retrasado la resolución de causas. Las autoridades reconocen que la situación mantiene al sistema judicial local en una condición de emergencia. El director provincial del Consejo de la Judicatura, Andrés Guzmán, informó que durante este año cinco servidores judiciales han sido separados de la institución. Actualmente, la provincia cuenta con 39 jueces, aunque se requieren al menos 16 más para brindar un servicio adecuado a la ciudadanía.

El funcionario explicó que existen impedimentos relacionados con los procedimientos disciplinarios que continúan vigentes y que han incidido en la reducción del personal judicial. Mientras se cubren las vacantes, la institución recurre a la subrogación de jueces de unidades judiciales cercanas para atender las causas pendientes y disminuir la acumulación de procesos.

Guzmán indicó que la falta de jueces responde a diversos factores, entre ellos jubilaciones, renuncias y destituciones. Agregó que la designación de nuevos magistrados depende de los concursos y procedimientos establecidos en el Código Orgánico de la Función Judicial. Sin embargo, los ciudadanos aseguran que la demora en estos procesos termina afectando el acceso oportuno a la justicia.

Cabe recordar que en junio de este año fueron destituidos tres jueces de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas. Por su parte, abogados en libre ejercicio sostienen que la escasez de personal provoca una acumulación masiva de trámites, retrasos prolongados en la emisión de sentencias y un mayor riesgo de errores debido a la sobrecarga laboral.

Pese a este escenario, desde el Consejo de la Judicatura se destacó que la provincia mantiene una alta tasa de resolución de causas y cuenta con una planta de aproximadamente 260 servidores judiciales. A nivel nacional, el déficit supera las 750 vacantes de jueces, principalmente en las áreas civil y penal, por lo que la institución impulsa concursos públicos de méritos y oposición para cubrir estas plazas y fortalecer el sistema de administración de justicia.