El panorama electoral en Santo Domingo de los Tsáchilas comienza a definirse de cara a las elecciones seccionales previstas para noviembre de 2026. Unidad Popular estaría en condiciones de participar en los próximos comicios luego de que una jueza del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) aceptara el recurso presentado por la organización política y dejara sin efecto la cancelación de su personería jurídica, medida que había sido resuelta previamente por el Consejo Nacional Electoral (CNE). El director provincial de la organización, Julio César Mullo, señaló que la resolución judicial representa un paso importante para el movimiento.

Mullo también cuestionó la actuación de la presidenta del organismo electoral durante el proceso y sostuvo que su partido se prepara para participar activamente en las próximas elecciones. En ese contexto, adelantó que ya existen nombres de posibles candidatos y confirmó que la actual concejal Liliana Silva sería la carta de Unidad Popular para disputar la Alcaldía de Santo Domingo.

Mientras tanto, otras organizaciones políticas también empiezan a mover sus fichas. El analista político Olmedo Ludeña considera que el escenario electoral se encuentra en una etapa de definición, con varios movimientos y partidos explorando posibles candidaturas para las principales dignidades de la provincia. Entre ellos figura el movimiento ADN, que habría propuesto al empresario Jhon Milton Torres como precandidato a la Alcaldía. Sin embargo,  no aceptó la postulación. Para la Prefectura, en cambio, se ha mencionado el nombre de Yadira Bayas, quien agradeció públicamente la confianza depositada.

Ludeña sostiene que el tablero político provincial continúa marcado por una fuerte polarización entre ADN y la Revolución Ciudadana. No obstante, considera que este escenario podría abrir una oportunidad para el surgimiento de una candidatura de tercera vía capaz de captar el respaldo de los electores que no se identifican con ninguna de las dos corrientes predominantes.

A criterio del analista, el panorama nacional presenta características similares. Aunque el país ya vive una etapa preelectoral, muchas organizaciones políticas aún no han definido oficialmente a sus candidatos, por lo que las principales alianzas y postulaciones podrían concretarse en los meses previos al inicio formal de la campaña.

La UNE exige la derogación inmediata del acuerdo, recordando que la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) define que la jornada ordinaria de trabajo es de 40 horas, distribuidas de lunes a viernes. El sindicato de maestros rechaza la figura de los “días recompensables”, argumentando que cualquier trabajo adicional debe ser remunerado como horas extras. Finalmente, advierten que esta medida solo aumentará la sobrecarga laboral, el estrés y el Síndrome de “Burnout”, motivos por los cuales el gremio se declaró en asamblea permanente y anunció movilizaciones en defensa de sus derechos laborales.