El oficialismo presentó una propuesta legislativa conocida como la Ley Antimafias, cuyo objetivo principal es inhabilitar a los abogados condenados por su participación en actividades vinculadas al crimen organizado. Sin embargo, la propuesta no ha estado exenta de polémica.

Según esta normativa, los profesionales del derecho que resulten condenados por delitos como delincuencia organizada, lavado de activos o cohecho relacionado con el crimen organizado no podrán ejercer como abogados durante un período equivalente al de su condena en prisión. Este proyecto incluye un total de 14 reformas legales, entre ellas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Ley Orgánica de Extinción de Dominio y el Código Orgánico de la Función Judicial. Fausto Jerez, presidente del Colegio de Abogados de Santo Domingo, expresó su rechazo a la iniciativa y a las declaraciones del asambleísta Esteban Torres.

La elaboración de esta iniciativa legal contó con la colaboración de expertos italianos, quienes aportaron su experiencia en el combate contra las mafias en Europa. Aunque la propuesta cuenta con el respaldo del Gobierno, los abogados analizan cuidadosamente su impacto potencial y subrayan la importancia de garantizar que se respete tanto la ley como la Constitución del país.

El proyecto fue presentado oficialmente ante la Asamblea Nacional el 1 de junio. Durante la misma, el ministro del Interior, John Reimberg, manifestó que el propósito es combatir las estructuras y economías que sostienen a las mafias. Esto busca evitar que el Estado continúe asumiendo costos relacionados con bienes decomisados, grilletes electrónicos o necesidades del sistema carcelario asociadas a estas organizaciones criminales.