El Gobierno decretó un nuevo estado de excepción que rige desde el 2 de abril en nueve provincias y cuatro cantones, incluida Santo Domingo de los Tsáchilas, como parte de las acciones para enfrentar los altos niveles de violencia en el país. La medida fue dispuesta por el presidente Daniel Noboa mediante el decreto 353 y, a diferencia de anteriores declaratorias, no contempla toque de queda. El abogado Miguel Ángel Moreta cuestionó la efectividad de estas acciones, señalando que se han vuelto repetitivas y generan una percepción negativa en la población.

El estado de excepción abarca las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Santa Elena, Esmeraldas, Pichincha, Sucumbíos y Santo Domingo de los Tsáchilas, así como los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal. La disposición se enfoca en zonas consideradas de alta conflictividad y estará vigente por 60 días. Moreta considera que para obtener resultados reales es necesario implementar medidas integrales, como reformas legislativas y procesos de depuración en instituciones del Estado, entre ellas la Policía y la Fiscalía.

Entre las principales medidas se establece la suspensión de la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, lo que permitirá a las fuerzas del orden ejecutar operativos con mayor alcance. No obstante, se mantiene la libre movilidad de los ciudadanos al no aplicarse restricciones horarias. La ciudadanía, por su parte, observa la disposición con escepticismo, al considerar que este tipo de decretos ya no generan sorpresa y que lo fundamental es evidenciar resultados concretos en materia de seguridad.

El anuncio se realizó previo al feriado de Semana Santa, con el objetivo de reforzar los controles en los sectores con mayor índice delictivo y prevenir hechos de violencia durante estos días de alta movilidad.