La acción de protección interpuesta por la concejal Liliana Silva ante el incremento en la tarifa del agua potable en Santo Domingo, tiene un nuevo capítulo. El juez encargado del caso no admitió el proceso aludiendo que no tiene la competencia para revisar la constitucionalidad de la ordenanza aprobada el pasado 6 de marzo en el Concejo Municipal. Marcelo Rivera, asesor jurídico de la edil, manifestó que ahora la Corte Constitucional del Ecuador se encargará de este ámbito legal.

Rivera aclaró que el juez competente debió pronunciarse sobre si hubo o no vulneración de los derechos constitucionales hacia los ciudadanos, en virtud de que se ejecutó una ordenanza que no fue publicada en el mes de febrero.

Por su parte, Wilson Erazo, alcalde del cantón, calificó la acción de protección como una medida política, añadió que el nuevo pliego tarifario busca sustentar un mejor servicio hacia la comunidad.

El asesor jurídico de Silva manifestó que después de conocer la disposición del juez se presentó una apelación, la misma que deberá ser respondida en un plazo de uno a dos meses. Además, aclaró que se presentará la próxima semana ante el consejo municipal un nuevo pliego tarifario con el objetivo de reducir el cobro de este servicio.