La Corte Constitucional del Ecuador determinó que la designación de autoridades de control por parte de la Asamblea debe tramitarse mediante una enmienda constitucional. Actualmente esta función corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por lo que el cambio implicaría reducir sus atribuciones. El abogado Líber Andrade señaló que el avance del proceso dependerá del dictamen de una jueza constitucional que deberá pronunciarse sobre su legalidad.

Andrade explicó que, de aprobarse la reforma, la Asamblea retomaría la facultad de designar autoridades como el Fiscal General del Estado, el presidente del Consejo de la Judicatura y los superintendentes, competencias que tenía el Estado antes de la Constitución de Ecuador de 2008.

El director provincial de Izquierda Democrática expresó su desacuerdo con este posible cambio, al considerar que las fuerzas políticas con mayor peso en el Legislativo podrían influir en la designación de autoridades.

La Corte señaló que la propuesta no limita derechos ni altera la estructura del Estado y que la designación de autoridades no es una función esencial del CPCCS. También descartó otras propuestas, como crear un registro de condenados por delitos sexuales, exigir mayoría calificada para declarar inconstitucionales leyes del Ejecutivo y establecer procedimientos penales rápidos para delitos como extorsión, robo y receptación contemplados en la Constitución.