De las 7 preguntas que el presidente Daniel Noboa dio a conocer este martes 9 de septiembre, y que abarcan ámbitos penales, políticos, económicos y jurisdiccionales, algunos planteamientos no convencen al constitucionalista Líber Andrade, quien mira como una acción desesperada del Gobierno el contenido de las preguntas, ya que algunas de las propuestas se deben hacer básicamente desde la Asamblea Nacional sin necesidad de presentarlas en una consulta popular. Señaló que los asuntos referentes a limitar las facultades de la Corte Constitucional, y expedir una nueva Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, son temas que deben seguir el trámite ordinario desde el Legislativo.

El abogado Mesías Mestanza tiene una mirada distinta y cree que la mayoría de las interrogantes son importantes dependiendo de las instituciones que van hacer regir las normativas. El presidente Noboa volvió a enviar la pregunta con respecto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero esta vez para quitarle facultades.

Andrade también se mostró sorprendido que el ejecutivo proponga que se intente prohibir que se use el nombre, imagen, voz o apoyo en cualquier forma y/o medio, de personas con sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración pública (como peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito), algo que se contradice con los derechos contemplados en la Constitución y tiene direccionamiento políticos.

En lo que coinciden los juristas es que la vía infalible para que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe ser vía reforma directa, es decir, mediante una Asamblea Constituyente.