Hasta la delegación provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas de la Defensoría del Pueblo acudió la concejala Liliana Silva para solicitar información sobre el cumplimiento de la sentencia constitucional que obliga al consorcio MÍO a retirar los torniquetes de los buses urbanos. La sentencia fue emitida el pasado 5 de junio por la jueza Susana Sotomayor, quien dispuso el retiro de estos dispositivos en un plazo de 30 días y la emisión de disculpas públicas a la ciudadanía. Silva argumentó que aún persiste el malestar entre los usuarios del servicio urbano, pues hay unidades que mantienen los torniquetes pese al fallo judicial y que los transportistas no están cumpliendo con lo dispuesto.

El defensor del pueblo en la provincia, Miguel Vásconez, indicó que este lunes 21 de julio vence el plazo para presentar ante la jueza el informe que demuestre el cumplimiento de la sentencia. Aseguró que han solicitado a las operadoras los reportes correspondientes, para lo cual se les concedió un plazo de 72 horas que culminó el pasado viernes. Además, señaló que la Defensoría del Pueblo ha realizado inspecciones aleatorias en diferentes unidades. Según Vásconez, hasta ahora se ha evidenciado que el 35 % de los buses de dos operadoras todavía conservan los torniquetes, lo cual constituye una infracción directa a la resolución judicial. 

Ante esta situación, el abogado Marcelo Rivera anunció que se iniciará una acción de incumplimiento en los próximos días, lo que podría acarrear consecuencias legales para los responsables.

Silva también señaló que han ingresado oficios a la Empresa Pública Municipal de Transporte de Santo Domingo para que fiscalice el retiro efectivo de los dispositivos. Recordó que la sentencia judicial establece que esta institución debe encargarse de diseñar nuevos mecanismos que sustituyan los torniquetes, garantizando así un servicio digno y seguro para los usuarios. Intentamos obtener una versión de los representantes del Consorcio Mío, pero no obtuvimos respuesta.