El presidente de Ecuador Daniel Noboa emitió a través del Decreto Ejecutivo 52 el reglamento para la Ley de Inteligencia, normativa que fue aprobada por la Asamblea Nacional y está vigente desde junio. Con este documento se crea el Centro Nacional de Inteligencia que establece el marco legal para el funcionamiento del Sistema Nacional de Inteligencia (SNI) y sus subsistemas, con el objetivo de prevenir y neutralizar amenazas a la seguridad integral del Estado. El especialista en Derecho Penal, Mesías Mestanza, está convencido de que esta norma ayudará a combatir a la delincuencia y no será una herramienta de persecución y vigilancia a actores políticos.

Una lectura totalmente distinta tiene el abogado Jorge Steban Maldonado, quien se mostró preocupado porque en la Ley de Inteligencia podrán requerir información directamente a las operadoras de telecomunicaciones sin necesidad de una orden judicial.

Maldonado teme que el Gobierno vulnere la intimidad y derechos ciudadanos. Además, se cuestiona el por qué de la privacidad de gastos reservados para el SNI, con supervisión de la Contraloría.

Otros aspectos es que se permite crear identidades encubiertas para sus operaciones. La ley establece mecanismos de control sobre las actividades de inteligencia, incluyendo la incineración de información clasificada, lo que terminaría dando demasiado poder al Ejecutivo en materia de inteligencia, sin suficientes mecanismos de control.