Hasta el próximo lunes tiene plazo la Defensoría del Pueblo en Santo Domingo de los Tsáchilas para entregar el informe de cumplimiento de la sentencia emitida el pasado 6 de junio, en la que la jueza Susana Sotomayor ordenó el retiro de los torniquetes en las unidades de transporte urbano del cantón en un plazo de 30 días. El concejal Julio César Calero explicó que el documento deberá detallar si el Consorcio Mío, encargado de la operación del sistema de transporte urbano, ha cumplido con el retiro de los dispositivos y con las disculpas públicas ordenadas por la justicia.

Por su parte, Iván Pallaroso, presidente del Consorcio Mío, afirmó que ya han avanzado en el retiro de los torniquetes conforme a la disposición judicial. Sin embargo, recordó que se presentó una apelación a la sentencia hace aproximadamente un mes y que aún esperan la respuesta de la jueza encargada del caso.

De su lado, Miguel Vásconez, delegado provincial de la Defensoría del Pueblo, indicó que se designará a un responsable para el levantamiento de la información requerida, la cual se presentará a la jueza para determinar si se ha cumplido con lo ordenado en su sentencia.

Mientras tanto, desde el Consorcio Mío también expresaron su preocupación por el estancamiento de otras iniciativas de modernización del transporte en Santo Domingo. Señalaron que todavía no se ha tratado en sesión de Concejo la propuesta para la implementación de buses eléctricos, un proyecto que debería estar en operación para 2030 como parte del plan de modernización del cantón. Pallaroso subrayó además que para la introducción de buses eléctricos se necesita iniciar desde ya un proceso de chatarrización de las unidades actuales y definir nuevas tarifas. Además, criticó que han pasado casi tres años desde la última actualización de los pasajes $0,39 el general y $0,19 el preferencial, cuando, según la normativa, el estudio de precios debe realizarse cada dos años.