Este jueves 26 de junio, la concejal Liliana Silva y el abogado Marcelo Rivera, quienes fueron accionantes en la causa judicial de la Acción de Protección que obliga a retirar los torniquetes de las unidades de buses urbanos del Consorcio MÍO, llegaron hasta  el Consejo de la Judicatura de Santo Domingo de los Tsáchilas para presentar un escrito en el que solicitan a la jueza Susana Sotomayor obligue a que se cumpla con la sentencia.

Esto ante una supuesta decisión de los de los miembros del Consorcio Mío de no hacerlo hasta que se resuelve la segunda instancia en la Corte Provincial. La orden judicial indica que da un plazo de 30 días para reiterar los torniquetes. El 6 de junio fue notificada y este tiempo termina el 6 de julio, señaló el abogado Marcelo Rivera.

Además, recordó que el término de 15 días para que los miembros del consorcio MÍO pidan disculpas públicas a la ciudadanía por la vulneración de derechos se cumple este viernes.

La apelación en la Corte podría demorar entre 3 a 4 meses, enfatizaron que el artículo 22 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional menciona que la interposición del recurso no suspende la ejecución de la sentencia. Acotaron que el Código Orgánico Integral Penal sanciona con privación de libertad de 1 a 3 años el incumplimiento de disposiciones de autoridad competente.