El Consorcio MÍO, conformado por las operadoras Ejecuttrans, Trans Tsáchila y Transmetro, atraviesa una etapa de incertidumbre tras la orden judicial que obliga al retiro de los torniquetes instalados en las unidades de transporte. Estos dispositivos formaban parte del Sistema Integrado de Recaudo (SIR) y el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), implementados con una compensación económica de 5 millones de dólares entregada por el Municipio de Santo Domingo entre julio de 2022 y agosto de 2023. Iván Pallaroso, presidente del consorcio, aseguró que el perjuicio por el retiro de los equipos será para la ciudadanía, al tratarse de una inversión hecha con recursos públicos asignados por el cabildo. 

Además, señaló que la responsabilidad de lo que suceda recae en los concejales Julio César Calero y Liliana Silva, quienes promovieron las acciones de protección que derivaron en esta decisión judicial. A su criterio, también la Empresa Pública de Transporte debe asumir parte de la responsabilidad.

El concejal Calero defendió su postura argumentando que existen operadoras, como Río Toachi y El Gran General Rumiñahui, que funcionan sin torniquetes y sin afectar al usuario.

La edil Liliana Silva fue más contundente, en septiembre de 2023 presentó una denuncia por presuntas irregularidades ante la Contraloría General del Estado, que ya ejecutó un examen especial por el alza de pasajes y la compensación. Según la concejal, podría existir un caso de peculado, ya que se habrían entregado recursos públicos a una empresa privada sin el debido control.

El objetivo de los sistemas SIR y SAE era modernizar el transporte público local mediante el uso de una tarjeta electrónica única, pero hasta ahora no se ha logrado la unificación ni la operatividad esperada. La ciudadanía, que ya fue afectada por el alza del pasaje en medio de esta promesa de modernización, mantiene su escepticismo sobre el futuro del proyecto.