Con la aprobación en segundo debate del proyecto de ley urgente para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno —ahora denominada Ley de Solidaridad Nacional—, juristas analizan los retos que deberá enfrentar el sistema de justicia en Ecuador.

La nueva normativa establece medidas de protección, prevención y reparación para personas vulnerables en zonas afectadas por el crimen organizado, además de disposiciones como el aumento de penas, entre otras.

El abogado penalista Óscar Salcedo señaló que, si bien esta ley busca evitar la recurrencia de los estados de excepción y responde a una disposición de la Corte Constitucional, su implementación representará importantes desafíos para jueces y fiscales. Explicó que estos operadores de justicia deberán actualizarse en conocimientos especializados, ya que la normativa exige expertos en crimen organizado, corrupción y delitos vinculados al conflicto armado interno.

Por su parte, la abogada Yanhet Valverde indicó que, para que esta ley pueda aplicarse efectivamente, es necesario seguir un proceso riguroso que valore sus aspectos positivos, lo cual también implicaría ajustes en el presupuesto del Estado.

Salcedo recordó que los jueces actúan con independencia, y subrayó la importancia de que esta normativa no vulnere la Constitución ni los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Valverde agregó que, con esta Ley, no debería repetirse una situación similar a la ocurrida con las unidades y salas distritales especializadas en materia constitucional, impulsadas por el Consejo de la Judicatura. Cabe recordar que en mayo, la Corte Constitucional declaró inconstitucional dicha propuesta por considerar que vulneraba el artículo 86 de la Constitución.

En el caso de la Ley de Solidaridad Nacional, se han cuidado ciertos aspectos técnicos y jurídicos; sin embargo, su aplicación dependerá de si supera el análisis de constitucionalidad por parte de la Corte, así como del impulso político que le brinde el Ejecutivo.