En la Asamblea Nacional el oficialismo busca los votos de los legisladores del Partido Social Cristiano, del Movimiento Pachakutik y otros, entre ellos independientes para aprobar el proyecto de Ley Económica Urgente que fue enviado por el presidente Daniel Noboa al órgano Legislativo, y que pretende desarticular las economías criminales. El exasambleísta, Geovanny Benítez, cree que la propuesta del ejecutivo será aprobada, a pesar de los temores que genera en los distintos bloques del parlamento.

El presidente Daniel Noboa propone cambios tributarios, económicos, penales y de seguridad en el nuevo Proyecto contra la economía criminal, dentro de la existencia del conflicto armado interno. El primer paso está en manos del Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea con mayoría del oficialismo, que deberá definir a qué comisión va para su análisis antes del primer debate.  El abogado Renato Arrieta ve tres factores en los que más podría incidir, como lo social, político y judicial.

El correísmo anunció su postura y sus observaciones. Argumentó que el proyecto está lleno de inconstitucionalidades como no ser económica urgente y de prestarse para abusos de la fuerza pública, además de las atribuciones que se dará al bloque de seguridad para ordenar allanamientos y detenciones sin órdenes judiciales.

Arrieta explicó que el actuar de la fuerza pública se debe definir, ya que el Presidente de la República podrá anunciar la anticipación de indultos a miembros de las fuerzas de combate estatal procesadas penalmente por hechos relacionados con el conflicto.