La jueza Susana Sotomayor, quien lleva la causa judicial por la Acción de Protección presentada en contra del Consorcio MÍO por la instalación de torniquetes en los buses, ordenó realizar una inspección ocular, es decir, acudir al sitio para recabar prueba material. El abogado Marcelo Rivera aseguró que presentaron evidencia abundante que ratifica que hay una vulneración de derechos constitucionales.

Entre las pruebas presentadas están los videos que se viralizaron en las redes sociales. Además de sentencias que ordenaron quitar los torniquetes.

La audiencia por la Acción de Protección entró en etapa de pruebas. El Consorcio MÍO no alcanzó a descargar los elementos de prueba, pero están preparados, según el gerente de este grupo de operadoras de buses urbanos de Santo Domingo, Miguel Ángel Guamán.

Guamán expuso que los torniquetes forman parte elemental del sistema  instalado que cuesta más de 2 millones de dólares, más lo que significó invertir en los centros de atención y operaciones que llegan cerca de 3 millones de dólares. Expuso, que  están en periodos de prueba, sin el acompañamiento de las autoridades.

Según Rivera, el beneficio de los torniquetes sería para los dirigentes, más no para los usuarios. Hasta el momento no se conoce la nueva fecha para que se reinstale la audiencia que lleva la Jueza Sotomayor por las dos causas presentadas para que retiren estos elementos.