Con el Decreto Ejecutivo 371, el presidente Daniel Noboa ordenó actualizar los manuales de uso legítimo de la fuerza. Para esto dio un plazo de 5 días. La medida fue emitida el domingo 25 de agosto de 2024 y busca una respuesta efectiva ante los grupos terroristas. Pero el experto en seguridad y exgobernador de Santo Domingo de los Tsáchilas Miguel Orellan considera que esta medida no resolverá el problema de la inseguridad de manera rápida.

Con este criterio coincide el coronel en servicio pasivo Pedro Llerena, pues los decretos no están por encima de las leyes, calificó esto como un golpe político.

El Decreto también dispone a la Policía y Fuerzas Armadas el uso de armas de fuego con munición letal o de impacto cinético, como por ejemplo, en defensa propia o de otras personas, o detener a una persona que represente una amenaza o peligro inminente de lesiones graves y oponga resistencia a la autoridad.

Los expertos consideran que la disminución de los delitos debe ser efectuada por acciones de inteligencia directa contra los grupos delincuenciales y además contra los narcotraficantes.