En medio de un ambiente de debate y rechazo se desarrolló la socialización del proyecto Ordenanza que pretende regular el peso del transporte pesado en las vías estatales y rurales de Santo Domingo de los Tsáchilas. Esta normativa quiere controlar la circulación de las unidades, pues según la prefecta Johana Núñez han ocasionado que las vías se desgasten más rápido.

Fernando Ortiz, presidente de la Confederación de Transporte Pesado considera que esto representa para ellos un nuevo impuesto que desfinanciará sus capitales, por ello manifestó su rechazo a la medida y abandonó la sala Legislativa de la Prefectura.

A este reclamo se unieron otros miembros de este sector, quienes expusieron las dificultades que tienen para movilizarse por las vías.

Núñez respondió que no se trata de un nuevo impuesto, sino de una multa para quienes infrinjan la ley. Por ello, William López, asesor legal de la Prefectura, indicó que el control se realizará con básculas en las vías y con tecnología repotenciada según las normativas que se establezcan en la Ordenanza.

Los transportistas pidieron a la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas que realice un estudio en el que se detallen los gastos y costos operativos de la movilidad pesada. La Prefecta indicó que esta Ordenanza sería una acción emergente para el mantenimiento de las vías y para solventar la falta de liquidez que actualmente presentan, pues desde octubre, el Gobierno no ha pagado las alícuotas.