Con 115 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó exhortar a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre el litigio legal en el que se encuentra la ampliación de 15 kilómetros de la vía Alóag – Santo Domingo comprendida entre el tramo KFC – Unión del Toachi. Johana Núñez, prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas, solicitó al Legislativo esta acción, pues desde que asumió su rol como autoridad en 2019, dos empresas se disputaban la ejecución de este proyecto, Hidalgo & Hidalgo y el Consorcio Multinacional Tsáchila, cuyo procurador común en ese entonces era Henry Ayala, esposo de la asambleísta Yadira Bayas. Núñez explicó que este nudo legal, ha impedido que se realicen trabajos en este trayecto.

Se estima que durante los 56 días que duró el cierre de la vía Alóag – Santo Domingo por la caída del puente sobre el río Lelia en el km 82, las pérdidas registradas por la inhabilitación de esta carretera que unen a la Costa con la Sierra, solo en la parroquia Alluriquín, fue de medio millón de dólares. Mientras el país pierde por el traslado de bienes y servicios entre 8 y 10 millones de dólares anuales por las dificultades en esta vía.

De su lado el asambleísta Geovanny Benítez solicitó que se incorpore a la moción el mantenimiento de la vía Las Mercedes – Los Bancos, que hace 5 años no ha sido intervenida  por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Destacó que la ejecución costaría $10 millones, en relación a los $40 mil que en un principio tenía presupuestado para el rebacheo esta cartera de Estado, lo que es insuficiente.

La resolución también contemplaba que se conmine a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos realizar un estudio general y análisis de factibilidad para declarar en emergencia a la vía Alóag–Santo Domingo por los deslizamientos de tierra y rocas en el kilómetro 83, así como por el aumento del cauce y desbordamiento de los ríos de la parroquia Alluriquín y recintos aledaños.