El procedimiento médico ha sido suspendido desde esta semana porque no hay stock de insumos, y tampoco existen los recursos económicos para adquirirlos. Los proveedores ya no hacen despachos porque les adeudan algunas facturas, lo que pone en riesgo la vida de los pacientes, quienes piden ayuda inmediata.

Comprar los filtros es la única alternativa que tienen las personas para continuar con el tratamiento, pero resultaría muy costoso porque lo requieren tres días a la semana. Por cada sección deberían invertir alrededor de 40 dólares. Esto significa que al mes gastarían un promedio de 400 dólares, y la mayoría no está en la capacidad de autofinanciar esos valores. Nancy Villavicencio llegó desde La Concordia y no recibió diálisis, ya que en la clínica solo le informaron que el servicio estaba suspendido hasta segunda orden. “Necesitamos que solucionen este grave problema. Soy una mujer desamparada, nadie me ayuda y la vida de nosotros se encuentra en riesgo”, expresó.

En Santo Domingo de los Tsáchilas funcionan dos dializadoras. Una prácticamente tocó fondo y la otra continúa con el servicio, pero sería cuestión de días para que también se quede sin insumos. Jenny Acosta, representante de los pacientes, lamentó que los diálogos con autoridades no surtan efectos positivos y que ahora muchas personas estén en riesgo por la falta de diálisis. La mujer especificó que en la provincia Tsáchila existen más de 1.000 ciudadanos que necesitan este tratamiento y que la mayoría no tiene la capacidad para financiar la compra de los filtros. “Esto es un caos, alrededor de 45 pacientes del seguro campesino fueron regresados porque el IESS no se hace cargo de la deuda y, hasta el momento, no hay nada concreto”, expresó.

José Lafuente, representante administrativo de la clínica del riñón Socihemod, confirmó que no cuentan con insumos para hacer diálisis y le preocupa que su equipo de trabajo también tenga cuatro meses sin recibir el respectivo salario.  El funcionario dijo que la deuda del IESS y MSP suma alrededor de 5 millones en Santo Domingo. En la entidad habilitada en el cantón manabita El Carmen ocurre lo mismo, dando un total de aproximadamente 7 millones,  y donde también se suspendió el servicio de diálisis.  Los transportistas ya no quieren movilizar a los pacientes porque sus haberes no han sido pagados, y eso complica más la crisis existente.