Con pancartas y bocinas, los comerciantes asentados en la peatonal 3 de Julio realizaron un plantón en los bajos del Palacio de Justicia de Santo Domingo para presionar al  juez Luis Roberto Rodríguez que desestime la acción de protección interpuesta por la concejal Diana Coloma en contra de la Municipalidad. La medida legal argumenta que la ocupación de la vía pública afecta al libre tránsito de las personas con discapacidad. Ramiro Abad, presidente de esta Federación, expresó que no van a dejar sus puestos y exigió al cabildo que tome el control de esta situación.

Más de 1200 familias dependen de este lugar para solventar la economía de sus hogares. Expresan que la municipalidad aún no concreta la construcción del Mall Santo Domingo, por lo que se resisten a ir a la avenida Rodrigo León Pesántez. Señalan que cuentan con todo lo requerido para no vulnerar la movilización de las personas con discapacidad. 

Otro inconveniente que reclaman es que desde mayo del 2023 la Municipalidad de Santo Domingo no les ha cobrado los 6 dólares correspondientes a la mensualidad por la Ocupación de la Vía Pública. Mencionan que han consultado en la dirección de Control Territorial sobre esta situación, pero les han manifestado que el cobro no está autorizado. 

El próximo lunes, 26 de febrero, se desarrollará la audiencia para definir la situación legal de los comerciantes.